Por: Lucila D’Urso Investigadora Docente ICO-UNGS / Profesora Adjunta FSOC-UBA
El 22 de octubre Axel Kicillof fue reelecto como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires con el 44,9% de los votos, una cómoda diferencia respecto a los/as candidatos/as de otros partidos: Néstor Grindetti (JxC) obtuvo el 26,6%, Carolina Píparo (LLA) el 24,6% y Rubén “el Pollo” Sobrero (FIT) el 3,9%
La victoria de Kicillof en la Provincia y, en particular, el crecimiento de casi 8,5 p.p. respecto a las elecciones primarias (PASO), invitan a reflexionar sobre un elemento que adquiere especial relevancia en el contexto actual a pocos días del balotaje para elegir quién será el próximo presidente: el electorado, los y las bonaerenses, expresaron a través de las urnas su desacuerdo con aquellas propuestas que propiciaban una reducción del gasto público, un achicamiento del Estado, es decir, la pérdida (¡y hasta la privatización!) de derechos históricamente conquistados, como el acceso a la educación pública por poner tan sólo un ejemplo.
En su discurso, luego de conocerse los resultados de la elección, el Gobernador electo expresó: “En la provincia de Buenos Aires la enorme mayoría sabe que hay problemas pero que se resuelven con más Estado, no con menos Estado”. Y es desde este punto de partida que me interesa indagar -o al menos plantear algunas ideas- en relación a esos problemas que atraviesan la Provincia y en qué medida el Estado puede solucionarlos. En esta nota propongo reflexionar acerca de qué desafíos aparecen a la hora de pensar una política pública capaz de atender las urgencias de los/as trabajadores/as. Para ello me voy a concentrar en el trabajo y su regulación.
El carácter estructural de la informalidad laboral
No es una novedad que la pandemia puso en evidencia problemas estructurales del mercado de trabajo entre los cuales se destacó la informalidad laboral. Se ha investigado mucho acerca de las dificultades que el ASPO y luego el DISPO implicaron en términos de generación de ingresos para los/as trabajadores informales¹. De hecho, una de las primeras medidas tomadas en el contexto de la pandemia fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una política de transferencia monetaria que tuvo por objetivo compensar la pérdida o disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria, entendiendo por tales a trabajadores/as monotributistas de las categorías más bajas, monotributistas sociales, trabajadores/as de casas particulares y trabajadores/as informales. Se trató, en aquel momento, de una política que tuvo un amplio alcance pero que, paulatinamente, se fue discontinuando hasta devenir en una serie de políticas sociolaborales que buscaron brindar cierto marco regulatorio y/o de registro a una porción de los colectivos de trabajadores/as previamente mencionados².
Las medidas sanitarias, en particular la campaña de vacunación, fueron dejando atrás la cuarentena y habilitando la totalidad de las actividades económicas, abriendo así la puerta a un escenario “pospandémico” que trajo consigo un proceso de recuperación económica con su correlato en los niveles de empleo: según datos del Ministerio de Trabajo, en la Provincia de Buenos Aires se crearon 160.000 puestos de trabajo asalariados registrados entre julio de 2021 y el mismo mes de 2023 (SIPA, julio 2023 último dato disponible). Sin embargo, la recuperación económica y del trabajo asalariado formal coexisten con dos problemáticas que atraviesan el mercado de trabajo y que parecen ser difíciles de subsanar: un fuerte deterioro de los salarios y la persistencia de elevados índices de informalidad laboral, es decir, trabajadores/as cuyos derechos laborales tanto individuales como colectivos (la jubilación, las asignaciones familiares, la sindicalización, etc.) no se encuentran reconocidos.
Si nos concentramos en el Conurbano, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (EPH-INDEC), para el primer trimestre de 2023 la informalidad llegaba al 38,72% en los Partidos del GBA relevados por la encuesta, dos puntos porcentuales por encima de la tasa de informalidad a nivel general. Esta cifra no presentó grandes variaciones en los últimos años, confirmando el carácter estructural y no coyuntural del empleo informal: en el primer trimestre de 2020, cuando comenzó la gestión de Axel Kicillof, la informalidad en el Conurbano Bonaerense era del 37,95% y venía acumulando un incremento de cerca del 2% a lo largo de la gestión de María Eugenia Vidal.
Si miramos los resultados de las elecciones presidenciales en el Conurbano, se observa que en la primera vuelta el oficialismo ganó en prácticamente todos los partidos que conforman el Conurbano bonaerense³, tal como muestra un relevamiento realizado por el Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Es decir, en esa región también tuvieron un mayor nivel de respaldo aquellas propuestas electorales que colocan en el centro de la escena el rol del Estado. Esto invita a indagar en qué medida el Estado puede atender la problemática de la informalidad laboral o bien, cuáles son los desafíos en términos de políticas sociolaborales para los millones de trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran por fuera de las protecciones y derechos que brinda el trabajo registrado.
Repensar los sistemas de protección sociolaboral: ¿por qué acudir a viejas recetas?
A lo largo de la campaña electoral todos los candidatos de la oposición retomaron la cuestión de la regulación de las relaciones laborales. Javier Milei y Patricia Bullrich lo hicieron en el clásico sentido flexibilizador y orientado a la pérdida de derechos, señalando los obstáculos y costos que los sistemas vigentes de regulación tienen para los empleadores (El Cronista, 17 de agosto de 2023) y apuntando, además, contra las organizaciones sindicales (Mundo Gremial, 2 de octubre de 2023). Myriam Bregman, por su parte, además de señalar los efectos en términos de precarización de las propuestas de los/as candidatos/as de JxC y la LLA, colocó en debate la cuestión de la reducción de la jornada laboral (La Izquierda Diario, 6 de octubre de 2023).
En el caso de Sergio Massa, en cambio, la cuestión de la regulación de las relaciones laborales no fue un aspecto central. La propuesta más destacada se vinculó con el Monotributo Productivo que había sido anunciado antes de las PASO y que aún sigue sin implementarse. Recientemente, a través del Decreto 565/2023, se creó el “Programa de Inclusión Laboral” en el ámbito del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social con el objetivo de promover la inclusión de los/as trabajadores/as de la Economía Popular en el sistema de trabajo formal. Al momento, sabemos poco sobre el modo en que se implementará este nuevo Programa cuyo foco parece estar una-vez-más en la capacitación y formación laboral como vía para promover la inserción laboral de los/as trabajadores/as de la economía popular en el sector formal.
Rumbo al horizonte que se avecina, recomponer la economía y recuperar los salarios se presentan como temas urgentes, pero también es tiempo de poner la mirada en la los/as trabajadores/as que hoy en día no cuentan con protecciones sociales. Frente a esto, ¿por qué acudir a viejas recetas? Desde ya, la flexibilización de las relaciones laborales no es el rumbo, pero las nuevas versiones de las viejas políticas de empleo tampoco han dado frutos en tanto persisten altos niveles de informalidad. Es preciso pensar esquemas de protección sociolaboral innovadores, que tengan un carácter universal y que no necesariamente estén ligados a la utopía de un mercado de trabajo que algún día podrá generar empleo remunerado y registrado para todas y todos.
La problemática de la informalidad laboral nos compromete entonces a debatir cómo incluir y proteger a la clase trabajadora en su heterogeneidad atendiendo no sólo al poder de regulación y control del Estado sino también -y fundamentalmente- al poder de la clase trabajadora: a su capacidad de organizarse colectivamente, de construir alianzas, de incidir en la arena institucional. En este camino resulta clave el rol -y la voz- de los sindicatos y de las organizaciones sindicales que hoy representan a los/as millones de trabajadores y trabajadoras excluidos/as.
[1] Consultar, por ejemplo, los libros “PISAC COVID-19: la sociedad argentina en la post pandemia” (Peirano et al., 2023) y “La sociedad argentina en la pospandemia. Radiografía del impacto del COVID-19 sobre la estructura social y el mercado de trabajo urbano” (Salvia et al., 2022).
[2] Se destacan el Programa Potenciar Trabajo (2020) y el Programa Registradas (2021).
[3] La excepción fueron los municipios de San Isidro y Vicente López. En ambos casos JxC ganó la elección.