Por Ricardo Alejandro Paparás (Docente-Investigador del Instituto del Conurbano-UNGS)

El mundo del trabajo viene siendo duramente castigado desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Los números generales son poco alentadores: de acuerdo al INDEC, hacia fines de 2025 la desocupación abierta en el conurbano alcanzó el 9,5%, dos puntos porcentuales más arriba que el promedio nacional. En dos años se perdieron 96.243 puestos de trabajo registrados en la Provincia de Buenos Aires. Dentro de los grupos poblacionales, los más afectados fueron los jóvenes de entre 14 y 29 años, que duplicaron la tasa nacional. Asimismo, entre las personas que tienen trabajo, más del 40% del empleo es informal, a la vez que crece el pluriempleo.

Este escenario se produce en paralelo a una caída del poder adquisitivo. Según datos del INDEC, los salarios registrados cayeron un 2,1% real en 2025 y acumulan una pérdida del 7,1% desde noviembre de 2023. Dentro de ese conjunto, el sector público fue el más afectado, con una caída del 17%, mientras que el sector privado retrocedió 1,5%.

Si cruzamos los datos expuestos, podemos advertir que la región del conurbano viene siendo la más castigada durante estos casi dos años y medio, donde todos los trabajadores padecen, pero la peor parte se la llevan los que se desempeñan en el ámbito público. Ahora bien, ese territorio extenso y heterogéneo contiene empleados estatales de los tres niveles de gobierno, cada uno con su particularidad.

Conforme la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), el 26,4% de los empleados públicos nacionales presta servicios en la provincia de Buenos Aires, de los cuales la gran mayoría se desempeña en el conurbano. Esos trabajadores han sufrido de forma directa las políticas de destrucción del aparato estatal propiciada por el gobierno de Milei.

En todo el país, la dotación de personal nacional se redujo en 64.649 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 18,8% entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Muchas empresas públicas con presencia en el Gran Buenos Aires lideran en cantidad de desvinculaciones, como Correo Argentino, Operadora Ferroviaria y el Banco de la Nación Argentina. Mientras que entre los entes desconcentrados y descentralizados aparecen primero ARCA, CONICET y ANSES.

Desde el plano salarial, el gobierno nacional viene decretando aumentos unilaterales que se han ubicado constantemente por debajo de la inflación. De acuerdo al IARAF, también entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el salario real presenta una caída promedio del 27%. Las Universidades Nacionales (con amplia presencia en la región) y el CONICET muestran pérdidas mayores.

En cuanto a los empleados públicos provinciales, pese a la situación de asfixia fiscal impuesta desde la Nación, su dotación se ha mantenido relativamente estable los últimos años. Los datos presupuestarios provinciales permiten observar que la planta permanente creció entre 2023 y 2026 un 1,3% ubicándose en 364.825 cargos, mientras que la temporaria se redujo un 1,2%, representando 166.097 cargos. La Provincia ha venido acordando en paritarias, aumentos salariales por encima de lo pautado por la Nación, tanto para su administración central como para escalafones especiales como el docente.

Por último, el empleo público en los 24 municipios del conurbano muestra una realidad heterogénea. Si bien todos padecen la caída de actividad, del cierre de industrias y de la merma de recursos que ello implica, difieren en cuanto a su nivel de desarrollo económico, autonomía financiera y orientación política, lo que les brinda distintas herramientas para afrontar la crisis y sostener una política de recursos humanos.

En términos generales, los Partidos del Gran Buenos Aires muestran una mayor presencia de personal contratado en relación a sus plantas permanentes, al contrario de lo que sucede en aquellos del interior de la provincia. Así, mientras que en San Miguel casi el 90% de los trabajadores pertenece a la planta transitoria o contratada, Bahía Blanca posee dicho porcentaje para planta permanente. A su vez, dentro del conurbano hay municipios como Tigre que han realizado esfuerzos para otorgar estabilidad a sus plantas de personal, a partir de la firma de Convenios Colectivos de Trabajo.

El salario municipal en el conurbano representa apenas el 33,6% del que se paga en Rosario (Fundación Germán Abdala). El básico promedio no alcanza para cubrir el ingreso de indigencia y suele complementarse con sumas no remunerativas que quedan al arbitrio de la autoridad política. Con datos de las principales Federaciones de sindicatos, para ilustrar la enorme dispersión existente entre los municipios, en marzo de 2025, en un extremo Vicente López pagaba un básico de $847.000, y en el otro, Merlo apenas otorgaba $60.641.

En resumen, el mayor ajuste lo vienen padeciendo los trabajadores nacionales, mientras el contexto recesivo impacta en los gobiernos subnacionales, con mayor incidencia en los municipios que ya observaban condiciones estructurales de empleo más precarias. La realidad del empleado público que vive o se desempeña en el conurbano es preocupante. Existe una tendencia al pluriempleo que se extiende como una forma de sostener ingresos, a la vez que profesionales idóneos se traspasan al ámbito privado.

Los trabajadores públicos contribuyen a la regulación de la vida social: contienen, educan, protegen, curan, entre muchas otras funciones relevantes para la sociedad. Un trabajador capacitado, motivado, bien pago y preservado de la arbitrariedad política es más eficiente y productivo, a la vez que con sus aportes brinda mayor sostén y continuidad a las políticas públicas. Es imperioso retomar el camino de la racionalidad y comprender el valor del trabajo estatal para el engrandecimiento del país.