La vulneración de derechos, un factor común

En primer lugar, ¿Podrías comentar brevemente la misión y los objetivos de la Asociación Civil y desde cuándo están desarrollando sus actividades en el municipio de San Miguel?

El Vallecito de la Guadalupe es una asociación civil que nació en el año 2001, justamente luego de la crisis. A principios de 2002 fuimos pensando el proyecto y empezamos a desarrollar un programa para trabajar con pibes en situación de calle. Con el tiempo, estos chicos empezaron a tener algunas situaciones con la policía y con el sistema penal, fue entonces que, desde lo que hoy es el Organismo de Niñez y Adolescencia nos convocaron a pensar un proyecto que trabajara con pibes que tienen que cumplir medidas socioeducativas en sus territorios. Y entonces así fue como nació el primer programa que se llama “Jóvenes Creciendo”.

Desde ese momento, también implementamos dispositivos que colaboran con los padres y referentes afectivos de los jóvenes en situación de encierro. Con la intención de proporcionar un recurso de acompañamiento a estas familias, desarrollamos un segundo programa, “Caminando Juntes”, que se enfoca en esta población.

Nosotros trabajamos con población de cualquier distrito, no sólo de San Miguel. Articulación con el Centro de Referencia, dependiente del Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, cuyo radio de acción coincide con el Departamento Judicial de Gral. San Martín y entonces recibimos pibes de San Miguel y José C. Paz, pero también hemos recibido de Malvinas Argentinas y de Moreno.

¿Podrías indicar cuáles son los actores clave que participan en el sistema de responsabilidad penal juvenil y con los que ustedes colaboran para llevar a cabo estas iniciativas?

Principalmente, trabajamos con el Centro de Referencia, dependiente del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Este organismo tiene dos líneas de trabajo: una se enfoca en la promoción y protección de derechos y la otra en el sistema de responsabilidad penal juvenil. Dentro de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, se encargan de los centros cerrados donde se encuentran los jóvenes en situación de encierro y también disponen de centros de referencia en el territorio para trabajar con jóvenes que tienen una medida socioeducativa.

Obviamente, también intervienen los Jueces, tanto de garantías como de responsabilidad penal juvenil. A mi criterio, deberían intervenir los Servicios Locales, dispositivos municipales de protección y promoción de derechos, con todos los jóvenes menores de 18 años, pero esto no siempre ocurre. Intentamos articular de forma permanente con todos los servicios locales, aunque la realidad es que la colaboración puede ser mejor en algunos casos que en otros.

También trabajamos con las defensorías, los defensores de los jóvenes. En algunos casos, tenemos un buen vínculo y, dependiendo de quién esté a cargo, a veces podemos articular algunas acciones con los fiscales, especialmente con los casos no punibles.

Además, tratamos de armar con la defensoría y la fiscalía una articulación para que exijan al servicio local una intervención con los jóvenes de 12 a 15 años que están cometiendo alguna infracción. Creemos que alguien debería estar ocupándose de ellos más allá del sistema de responsabilidad penal.

Finalmente, trabajamos con todo lo que tiene que ver con la escuela, la salud, con todos los jóvenes.

¿Cuál es la diferencia entre los dos programas que tienen, aquel referido a las medidas socioeducativas y el que trabaja con pibes que ya están con una medida de privación de libertad?

La diferencia es que cuando los pibes están con alguna medida socioeducativa nosotros trabajamos con ellos en presencia, al menos con los que participan. Desde ahí se hace un acompañamiento donde articulamos con los servicios de salud, buscamos que se realicen chequeos médicos, controles de vacunación, detección de enfermedades de transmisión sexual, o que puedan acceder a tratamientos y también con los servicios educativos para garantizar su acceso a la escuela.

En Caminando Juntes, el acompañamiento es diferente porque los pibes que están en situación de encierro ya cuentan con articulaciones con escuelas o médicos en los centros cerrados de detención o contención donde se encuentran.  Nuestro rol ahí es ir vinculando y servir de mediadores con la familia, porque no tenemos en la zona un centro cercano, antes teníamos el de Malvinas Argentinas, pero cerró. En la situación actual para muchas familias venir a San Miguel es dificultoso a nivel económico, ni hablar si tienen que ir al centro referencial de San Martín o a La Plata. El valor de los boletos hace que en muchos casos sea imposible completar el requisito de la concurrencia.

Si tuvieras que trazar un panorama respecto de los principales problemas que atraviesan a estos adolescentes, ¿Cuáles serían los emergentes que se evidencian ante una situación de conflicto con la ley?

Por empezar, todos los pibes que entran en el sistema pertenecen a la clase baja, están por debajo de la línea pobreza o indigencia y están súper atravesados por su situación. Tienen historias familiares de violencia, donde quizás han sido los chivos emisarios, muchos han tenido historias de abandono también. Es muy difícil a veces identificar algún referente adulto que se identifique con un rol de contención. Muchas veces la evaluación que se hace para otorgarles una medida socioeducativa tiene que ver con las características del grupo familiar, se observa si existe alguien que los pueda contener al salir.

Por otro lado, existen dificultades históricas en algunas familias. En este momento tenemos varias familias con muchos hijos, donde los pibes no son los únicos detenidos, sino que también existen padres o hermanos mayores en la misma situación. También, hace ya tiempo el grado de pobreza se ha ido incrementando y tenemos algunas situaciones de desnutrición, de pibes que no han concurrido a las escuelas y este tema de la escolaridad también lo trabajamos, porque la historia de la vulneración de derechos es un factor común. En algún punto, en mayor o menor grado, todos ellos han sido víctimas de situaciones de violencia y vulneración de derechos en varios aspectos, ya sea por la cuestión nutricional, por la cuestión laboral de sus padres, por temas de salud o salud mental. Tenemos adolescentes que no se han hecho un control de salud desde que eran chiquitos y que nunca fueron al dentista o al oculista; las miradas no han estado puestas en ellos durante mucho tiempo. En lo que respecta a la salud mental, en toda la provincia hace falta asistencia y espacios de atención. Con el tema de la escolaridad también tenemos el problema de discriminación, porque hay escuelas que dicen no tener vacantes cuando se enteran de que los pibes tienen algún tipo de vínculo con la justicia. Entonces, estamos ante historias de abandono, negligencia y de vulneración de derechos, creo que esto es común a todos ellos.

En relación con estos programas, ¿va fluctuando la demanda que ustedes reciben?

En relación con los programas que nombramos, históricamente fluctúa la cantidad de pibes que asisten. Por ejemplo, en el programa dirigido a pibes en situación de calle, hoy hay muy poca población en la calle en San Miguel. Esto está muy relacionado con el accionar de otros efectores que ponen la mirada en el centro de la ciudad intentando que allí no haya gente en situación de calle, no porque la problemática no exista sino porque no pueden estar en lugares visibles del municipio.

Al mismo tiempo, los pibes que vienen con medidas socioeducativas vinculadas a su conflictividad con la ley penal también fluctúan, en el periodo de 2015 a 2017, por ejemplo, hubo momentos en que había muy poca concurrencia en el Centro de Referencia. Esta reducción tenía que ver con que muchos pasaban por la comisaría directamente y de ahí iban a los centros cerrados de detención, sin que se tomaran en cuenta las medidas socioeducativas como una alternativa.

¿Qué otras líneas aparecen también como ejes de trabajo?

Tenemos un dispositivo que es un taller de referentes adultos, para padres o responsables de los pibes, donde tratamos las situaciones por las que atraviesan tanto ellos como sus hijes. Porque como dijimos anteriormente, son familias atravesadas por situaciones de violencia. Desde este punto de partida se busca empoderarlos, para que ellos mismos también puedan ser protagonistas de ir a pedir un turno o actualizar los documentos de sus hijes. Muchas veces también terminamos trabajando con hermanitos, esto a modo preventivo en algunos casos y a modo asistencial directo en otros.

Con respecto a los PIBES, más allá del acompañamiento individual que hace el equipo, tratamos también de trabajar a nivel grupal. Hay un encuentro semanal donde se abordan diferentes temáticas planificadas en función de sus derechos, de ser ciudadanos más allá de sus situaciones actuales. Por otro lado, hace poco más de dos años pudimos armar un programa de atención de salud mental para ellos, nos pasaba que nunca terminábamos consiguiendo lugar y por eso desarrollamos este dispositivo que permite que cuenten con atención terapéutica, con turnos y disponibilidad de horarios de atención para ellos o para sus padres.

Estas distintas actividades que están asociadas al cumplimiento de una medida socioeducativa ¿Sentís que impactan en el plano de la prevención?

Creo que sí, las actividades asociadas al cumplimiento de una medida socioeducativa impactan en la prevención en dos aspectos. Por un lado, a nivel familiar, buscamos que estos jóvenes puedan ver que existen otras formas de vida. Intentamos desmitificar la idea de que la única forma de relacionarse con el mundo es a través de conductas infractoras o delictivas.

En algunos grupos, cometer una infracción los coloca en una posición diferente, a veces de mayor atención. Creemos que es importante confrontar esto y compartir las experiencias que ellos mismos van viviendo. Aunque las asambleas no están pensadas como un espacio terapéutico, es cierto que compartir experiencias, como la reciente muerte de uno de los jóvenes, tiene un fuerte impacto no solo en los jóvenes, sino en todo el equipo y en el sistema en general.

Esto revela las deficiencias que existen en todos lados y cómo los jóvenes están marcados. Sabemos quiénes son los jóvenes que son objeto de violencia institucional. Trabajar esto desde la palabra creo que es muy útil para ellos mismos.

No tenemos estadísticas de éxito ni de que esto ha dado resultado todo el tiempo. Sabemos que hay un porcentaje de jóvenes que han reincidido en sus conductas, algunos ya siendo mayores de edad. Otros, aunque cumplieron la medida, terminan nuevamente implicados en el sistema penal. Pero creo que a ellos les sirve mucho poder ver otras posibilidades. Eso es un poco lo que se trabaja también a través de los distintos talleres, otras posibilidades, otras formas de posicionarse frente a sus grupos de pares, frente a sus propias familias. Muchas veces la familia los ve en el rol de “pibe chorro” y es muy complejo poder cambiar esa percepción. Pero con este acompañamiento, y aunque la mayoría de los jóvenes vienen muy enojados y obligados a cumplir su medida, creo que podemos hacer un cambio.

Para ir concluyendo, me gustaría hacer dos preguntas finales. ¿Podrías identificar cuáles son los principales desafíos que enfrenta la construcción de un sistema de responsabilidad penal juvenil centrado en el paradigma de los derechos? Si tuvieras que señalar los principales aspectos en los que se necesita seguir trabajando, ¿cuáles serían?

Trabajamos con la idea de que el sistema de responsabilidad penal juvenil debe ser parte integral, no solo en teoría sino también en la práctica, del sistema de promoción y protección. No pueden funcionar en paralelo. Este es un gran desafío en la construcción de políticas públicas. Como operadores, debemos entender que ningún joven nace siendo infractor y que han llegado a esta situación debido a una serie de violaciones de derechos. El sistema debería replantearse qué es lo que no está/mos haciendo bien.

Además, para que el sistema funcione, necesita financiamiento. Muchos hablan de que la solución es bajar la edad de responsabilidad penal en lugar de financiar los sistemas para que puedan tener efectos más favorables. Cuando hablo de financiar los sistemas, no me refiero solo al sistema de responsabilidad penal o a los servicios locales, sino también a la salud y la educación. Hay muchos programas, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que están financiados pero no son suficientes.

En cuanto a la última pregunta, si tuviera que imaginar el sistema ideal funcionando de acuerdo con los estándares normativos nacionales e internacionales, creo que una de las cosas que habría que modificar es que la justicia es la que tiene que resolver todo. Para mí, un sistema ideal no debería pasar por un abogado especialista en leyes, sino que debería ser con un equipo interdisciplinario. Creo que sería interesante poder desjudicializar estas situaciones que, aunque se visualizan por una cuestión penal, en realidad comienzan previamente con muchas otras situaciones que ocurrieron a nivel social. Por lo tanto, el sistema ideal tendría más que ver con el poder desjudicializar estas situaciones. Además, este sistema ideal debería contar con financiamiento adecuado y ofrecer a los jóvenes espacios donde puedan vivir su adolescencia y juventud de una forma más natural.