La situación de las universidades hoy es crítica: con una inflación interanual del 276% y el mismo presupuesto que el 2023, ya se anuncia que no se puede garantizar el funcionamiento del sistema más allá de fin de año. En este contexto alarmante entrevistamos Carlos Martínez, investigador docente del ICO, especialista en presupuesto, macroeconomía y finanzas públicas.
¿En qué situación se encuentran las universidades nacionales?
Las universidades en este momento tienen un problema financiero y económico muy importante. Faltan recursos para hacer sus actividades básicas de la docencia, investigación, cultura, relaciones con la comunidad y, en el caso de las universidades que tienen hospitales, incluso escasea lo imprescindible para sostener la atención sanitaria que hay en esos establecimientos.
Por un lado, no se pueden costear los gastos propios del funcionamiento, desde la electricidad hasta los distintos servicios (seguridad, limpieza, mantenimiento), insumos de laboratorios, bienes de uso y pagos de becas u otras ayudas o programas que se vinculan a estudiantes o graduados. Y, por otra parte, hay un deterioro salarial muy importante tanto de los trabajadores docentes como de la planta no docente, con una caída dramática del poder de compra de los ingresos, incluso mayor que la que se registra para el conjunto de los trabajadores del país en este momento.
¿Y podrías contarnos un poco cómo se financian las universidades nacionales y qué sabemos de la eficacia o eficiencia de ese gasto?
La principal fuente de financiamiento de las universidades son las transferencias que hace el Estado Nacional, diferenciadas entre lo que es para ciencia y tecnología, de lo que corresponde a docencia, y de lo destinado a atención de la salud, en el caso de las que tienen esa responsabilidad. A su vez también se separa, dentro de esas partidas, lo que es para salarios y lo que es para gastos de funcionamiento. Además de eso, las universidades tienen un valor relativamente poco significativo de recursos propios. Estos son toda clase de bienes y servicios que la universidad vende por ejemplo a organizaciones sociales o a empresas, como asistencias técnicas, cursos de posgrados, otros cursos de formación continua o incluso la venta de productos. En líneas generales, estos tienen un valor en el conjunto no demasiado significativo, con lo cual el peso del financiamiento de las actividades corresponde al tesoro nacional, o sea, a los impuestos que se recaudan del conjunto de la población.
Respecto a la eficiencia y eficacia propia de la aplicación de esos recursos económicos, los salarios de los docentes universitarios argentinos, históricamente e incluso antes de la caída de estos últimos meses, son los más bajos de la región y los niveles de excelencia de las universidades argentinas son de los más altos. Además, el nivel de cobertura, es decir, la cantidad de población que estudia en las universidades es de las más altas, no solamente de la región sino del mundo. En este sentido, la eficiencia es muy alta.
El sistema universitario es profundamente inclusivo, aunque tiene restricciones, como las condiciones de ingreso que impiden que personas que no terminaron el secundario o que no pueden dar el examen puedan acceder. Esto también lleva a que todavía haya problemas de inclusión social, sobre todo vinculado a los sectores de menores ingresos. Así y todo, en los últimos 40 años ha habido una mejora significativa en ese sentido. Este es un dato muy importante que habla de la excelencia del sistema y de la eficacia para contener a millones de personas. También el hecho de que hayan proliferado universidades en todo el territorio ayuda, y aún así tenemos menos universidades por habitantes que los demás países de la región.
¿Y cómo se arma el presupuesto? ¿Se están tomando medidas ante la falta de inversión por parte del Estado?
Lo que se produjo recientemente es un incremento nominal del 70% del impuesto del gasto de funcionamiento, o sea, no incluye la parte salarial. Para tener una proporción, el 90% del presupuesto universitario, aproximadamente, son salarios. Con lo cual, lo que se incrementó fue sobre ese 10%, lo que hace que estemos funcionando con un presupuesto que es la mitad del que era el año pasado.
Al mismo tiempo, al no contemplarse adecuadamente el incremento de los costos de funcionamiento, incluyendo las tarifas de servicios públicos que se dispararon y que tienen un peso importante en ese funcionamiento, el presupuesto se estima que podría llegar a durar hasta abril o mayo como máximo, o con el incremento capaz hasta agosto. No alcanza para funcionar todo el año, pese a todos los recortes que ya se han hecho y que posibilitan que las actividades básicas como las cursadas puedan seguir funcionando.
Respecto a las medidas tomadas, las actividades de investigación, de extensión, de desarrollo cultural, y de vinculación con la comunidad se han visto muy resentidas, y la propia actividad docente también. No se puede mantener los laboratorios, las condiciones de seguridad de los mismos que son básicas para poder funcionar, y tampoco el personal que hace falta.
¿Qué papel desarrollan las universidades en el territorio y sobre todo en épocas de crisis?
Es un dato muy interesante que se aplica a muchas otras universidades del país. Estamos en un momento de profunda crisis y de elevada inflación, con un incremento del desempleo, aunque sin alcanzar todavía niveles altísimos, con un aumento del número de alumnos con trabajos de jornada completa que caen en la pobreza y una suba importante del costo del transporte. Es un contexto muy particular y complejo para sostener una cursada, y aún así la cantidad de estudiantes en comparación con el año pasado se incrementó. ¿Cómo explicamos esto?
Por un lado, tenemos el deseo o la necesidad de progreso, de conocimiento y de formación que tiene nuestra población en cualquier contexto. Por otro lado, existen fenómenos cruzados. Tristemente, son numerosos los casos de estudiantes que deben dejar de asistir a la universidad para incrementar sus horas de trabajo y así compensar la caída de sus salarios, necesitan un segundo empleo, o hacer alguna changa o complemento. También otras personas directamente no tienen ingresos suficientes para sostener la cursada. En otros casos, ante un escenario de menor actividad laboral y más tiempo para poder asistir a la universidad, se elige aprovechar este recurso para tratar de salir de la situación de desempleo o subempleo. También otro fenómeno innegable es que las universidades privadas ven reducida su matrícula, y parte de la población que el año pasado podía sostener ese pago de aranceles, y ya no, ahora asiste a la universidad pública para poder seguir estudiando.
Tal combinación de fenómenos hace que haya un incremento en nuestra matrícula, lo cual implica una prueba muy importante de la resiliencia de la universidad La paradoja es que aumenta la demanda por la universidad, pero nos quitan el presupuesto. Es una buena noticia que haya más gente en las universidades, pero es una pésima novedad que tengamos cada vez menos plata para atender a más gente.
¿Y qué datos podrías pensar para mostrar cuantitativamente todo esto que también describías cualitativamente?
Hasta la década del 70, en Argentina había 10 universidades nacionales, esa cifra se triplicó hasta los 80 y creció un poco más en la década de 2000, hubo una expansión del sistema universitario que es muy importante y actualmente contamos con 62. Además de estas universidades nacionales, hay institutos universitarios, como los que tienen las fuerzas de seguridad para su formación, hay universidades provinciales públicas y también hay universidades privadas. En total tenemos unas casi 120 instituciones universitarias argentinas. Este es un sistema que ha crecido, que se ha complejizado y que realmente es un motivo de orgullo para nuestro país. También cuando vemos la cantidad de alumnos que tenemos podemos ver un crecimiento muy importante. Para tener una referencia, al principio de la recuperación de la democracia en el sistema había 500.000 estudiantes, hoy estamos rondando los 2 millones, o sea que cuadruplicamos en 40 años la cantidad de estudiantes universitarios.
Lo curioso es que, como dije anteriormente, la matrícula se cuadruplicó, pero el gasto público del sistema universitario en porcentaje del producto bruto interno no lo hizo.
En los 80 era más o menos 0,4% del PBI, y en el 2015, cuando llegó a su pico histórico, era casi el triple, con 1,2%. Con lo cual el gasto ha crecido bastante menos que la matrícula y es un gasto a nivel internacional bastante moderado. El promedio de los países desarrollados está más o menos en la misma proporción. Si lo comparamos con países de la región como México o Brasil, la proporción que tenemos nosotros es más alta, pero nuestra población universitaria es mucho más alta también. Entonces, cuando uno ajusta eso por la cantidad de estudiantes, somos mucho más eficientes, gastamos mucho menos dinero por cada estudiante. Además, nuestro sistema es más inclusivo, no practicamos el edadismo, lo cual da cuenta de que no toda la educación está pensada desde la demanda de un lugar mercantilista. Y eso se ve en todos los niveles, por ejemplo, con el programa fines que permite que terminen la secundaria personas que ya no creían tener esa posibilidad.
Si uno quiere ver el conjunto del sistema universitario casi el 80% de nuestra matrícula pertenece al sistema público, es más que en España, que es un 77%, y más que en México que es un 65%, y ni hablar de Brasil que cuenta con un 25%. Nosotros tenemos en nuestro sistema público 4 de cada 5 estudiantes universitarios, mientras que Brasil y Chile no llegan, ni siquiera, tienen 1 de cada 5, o menos.
Otro dato interesante, en lo que respecta a la población joven de entre 18 a 24 años, es que el número de personas que accede a la educación superior creció un 60% entre el censo de 2010 y el del 2022.
¿Cómo ves el panorama si las universidades no consiguen un aumento presupuestario?
La situación es espantosa. Si no se resuelve, de alguna manera medianamente razonable, no hay muchas posibilidades de que el segundo cuatrimestre empiece y termine. Ni siquiera sabemos si vamos a poder pagar la tarifa eléctrica, lo cual incluso va a impedir acceder a las aulas virtuales. La situación es muy grave y desde el punto de vista salarial también, esto obviamente va a impactar en medidas de fuerza y se va a ver disminuida la cantidad de días de clase por la necesidad de reclamar por el sustento de nuestras familias. Además, existe otro fenómeno más cualitativo que se va dando y es la fuga de cerebros. Muchos investigadores se van a otros países o se van a dedicar a otras cosas que no tenga nada que ver con ciencia y tecnología para poder sobrevivir. Entonces los efectos a corto plazo pueden ser nefastos, pero, incluso si se acomoda la cuestión de los gastos de funcionamiento, los efectos a largo plazo pueden ser completamente destructivos.