Nos encontramos frente a una crisis energética de alcance global que es una expresión más de la crisis civilizatoria a la que asistimos y que se conjuga con otras crisis como son la alimentaria, la climática y la socioeconómica. Actualmente, en materia energética prevalece un paradigma neoliberal a partir del cual la energía se presenta como una mercancía más, cuya disponibilidad debe incrementarse para garantizar un consumo ilimitado. La energía fue tradicionalmente considerada un “recurso natural estratégico” pero en nuestros días predomina una utilización efectiva que trata a sus fuentes como un bien transable y cuyo precio es fijado en el mercado internacional. Desde esta perspectiva, se alienta un aumento en la extracción y producción de recursos energéticos que no repara en los impactos que su generación provoca en las poblaciones y ecosistemas, ni tampoco atiende a la contribución que las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero efectúan a la aceleración del cambio climático.
La energía obtenida a partir de los combustibles fósiles se está volviendo cada vez más escasa, más cara y territorios que antes no tenían ninguna centralidad en el mapa energético se exponen al aumento de las explotaciones de hidrocarburos convencionales y no convencionales, mientras que otros registran el incremento de la extracción de ciertos minerales fundamentales para la expansión de las energías renovables. Esto da lugar a tensiones y disputas entre los actores sociales de diferentes niveles. Es necesario pensar la transición hacia energías sustentables desde un nuevo paradigma orientado a la reconfiguración del vínculo sociedad naturaleza. Entonces, qué energía generar, cómo producirla, cómo distribuirla y para quiénes, es un debate necesario al que deben sumarse una pluralidad de actores, entre otros, organizaciones sociales, ambientales, sindicales, territoriales.
En este marco, realizamos una entrevista con Mariángeles Solá, Investigadora docente en el Área de Sociología del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento y miembro del GECIPE (Grupo de Estudios críticos e interdisciplinario sobre la problemática energética). Mariángeles se encuentra realizando investigaciones que se orientan a indagar en el vínculo existente entre el sistema energético y los modelos de desarrollo a partir de concebir a la energía como un bien común que satisface necesidades vitales.
¿Cuál es el panorama sobre acceso a la energía en la RMBA?
En relación con el acceso a la energía eléctrica, si bien hay una amplia cobertura territorial, muchos hogares lo resuelven a partir de conexiones informales. En este sentido, se presentan dos escenarios: en los barrios populares de la RMBA, donde el derecho a la energía está mediado por la capacidad de pago, el costo del servicio genera situaciones difíciles de afrontar debido al peso que supone sobre los ingresos de los hogares. La tarifa social resulta insuficiente y, en ciertos municipios, la dificultad en el acceso se agrava a partir de la instalación de medidores prepagos que funcionan mediante la recarga de una tarjeta. En los hogares que recurren a condiciones informales, los llamados “enganches” implican una serie de dificultades y riesgos, son usuales los accidentes, los incendios. Recordemos que en las viviendas que no cuentan con acceso al agua de red, el suministro de energía eléctrica es el medio que posibilita la obtención de este recurso vital a partir del pozo surgente con bomba.
La alta dependencia de los hogares a la electricidad, cuyas viviendas por lo general no cuentan con equipamiento ni condiciones que contribuyan a la eficiencia energética, se asocia con los inconvenientes que presenta el acceso al gas de uso domiciliario. Hay que considerar que la extensión de la red de gas en los barrios, en aquellos casos donde la hubiere, no significa que las viviendas dispongan del suministro de manera efectiva debido a los costos que supone la conexión y a la dificultad para sostener el pago de la factura en un contexto de fuertes incrementos tarifarios como fueron los últimos años. Esto los obliga a recurrir a las garrafas de gas licuado envasado cuyo mercado es desregulado, concentrado y abusivo. Si bien existe un programa nacional que otorga un subsidio mensual a hogares de menores ingresos y entidades de bien público que no cuenten con acceso a la red de gas natural para la compra de garrafas de 10 kg., su alcance es muy limitado, por lo que las familias recurren a la quema.
En particular, en las temporadas invernales, en los hogares se utilizan diversos materiales devenidos en combustibles (incluso la leña se presenta como un bien escaso). Asimismo, durante la pandemia, en una investigación que llevamos adelante desde la UNGS para estimar el impacto del COVID-19 en las condiciones de vida de la población de los barrios populares de la periferia del conurbano bonaerense, observamos que tanto los hogares como los comedores comunitarios apelaban, en muchos casos, a la quema de leña, cartón, madera, entre otros materiales recolectados, para cocinar los alimentos. La necesidad de calefaccionar las viviendas provoca accidentes e incendios que pueden ocasionar pérdidas materiales e incluso de vidas humanas. Es decir, hay una dimensión asociada al acceso a la energía que incluye aspectos sociosanitarios. Adicionalmente, desde los barrios populares suelen esgrimirse diversas estrategias para acceder a las garrafas, muchas de ellas no reúnen las condiciones mínimas de seguridad para el traslado y, por lo general, su aprovisionamiento suele estar a cargo de las mujeres, engrosando la lista de las tareas de cuidado.
Por otro lado, no solo hay que considerar la diversificación de las fuentes de energía sino también en la eficiencia energética. Para los sectores con capacidad de consumo, sectores medios y altos, que son los que más energía demandan, esto supone comprar electrodomésticos, construir y equipar las viviendas atendiendo este criterio. En el caso de los sectores populares, esto tiene que estar acompañado, necesariamente, de una política pública que estimule y permita avanzar hacia un consumo de energía eficiente.
Los indicadores ambientales vinculados al agravamiento del cambio climático y los escenarios energéticos evidencian que se están superando las peores proyecciones. Sin asumir un discurso apocalíptico que nos conduzca a la inmovilización, es necesario iniciar el camino de la transición, pero una transición que no sea liderada por las grandes corporaciones sino una transición alternativa que implique la incorporación de diversos actores capaces de aportar a una gestión democrática de la energía. En la RMBA, al igual que en gran parte del país, existe una fuerte presencia de cooperativas que brindan servicios, así como un entramado comunitario que ofrece condiciones de posibilidad para la generación de energía distribuida, en base a energías alternativas.
¿Qué sucede con la producción de energía en la AMBA/RMBA en relación a la sustentabilidad y su impacto ambiental?
En territorios tan densamente poblados como lo es la RMBA esgrimir alternativas resulta un gran desafío. En la región hay centrales nucleares, termoeléctricas que generan electricidad a partir de la utilización de combustibles fósiles, y, en menor escala, generación de energía por biomasa, experiencias con agrocombustibles y energía solar. Desde la perspectiva de una transición justa y pensando en términos de sustentabilidad y de disminuir los impactos ambientales en el territorio, pero también en los territorios que se presentan como proveedores de energía hacia la PBA, resulta urgente revisar la cuestión de las escalas de producción de energía e incentivar el uso de la energía renovable distribuida, que pueda ser combinada con electricidad y gas de red o licuado envasado. Esto implica apostar a que se pueda generar una producción capaz de satisfacer la necesidad de un hogar o localidad puntual para luego abastecer y nutrir al sistema eléctrico interconectado. En Argentina rige la Ley 27.424 de Generación Distribuida y la provincia de Buenos Aires recientemente publicó el decreto que reglamenta esta ley nacional (11/01/23). La norma habilita a la instalación de paneles solares en hogares, posibilita la inyección de la energía excedente a la red eléctrica y ofrece a cambio descuentos impositivos. De acuerdo con la forma que asuma la aplicación de la ley, entre otras cuestiones, podría avanzarse a una descentralización en la generación de energía y ensayar formas alternativas a los fósiles más respetuosas de los ecosistemas y que provoquen una mejora en la calidad de vida de las poblaciones.
La región metropolitana consume más energía de lo que genera en relación al resto del país. ¿Esto es un problema?
El desarrollo geográfico desigual es un problema en diversos sentidos (sociales, económicos, políticos), esta macrocefalia genera profundos desequilibrios. El lugar que ocupa la región a nivel nacional es resultado de las dinámicas propias de los modelos de desarrollo que atravesó el país y que configuraron profundas desigualdades entre los territorios. La concentración de las actividades económicas, de la población, de las infraestructuras, y los servicios supone una demanda mayor de energía que la que detentan otras regiones. Aquí nos encontramos frente a un tema central: la generación y composición del sistema energético está asociada al modo de producción y consumo de la sociedad que, si bien se construyó históricamente, exige ser repensado tanto por el agravamiento del cambio climático como por la necesidad de revertir las diversas formas de desigualdad que caracterizan a nuestra sociedad. Por ejemplo, la problemática del transporte está íntimamente ligada a la cuestión energética por lo que habría que abordar el vínculo de la RMBA con el periurbano a fin de evitar el traslado de importantes contingentes de personas y, fundamentalmente, de mercancías desde largas distancias.
Pareciera que la conflictividad por cuestiones energéticas no se presentara en el RMBA/AMBA. ¿Esto es así, efectivamente?
Si bien no tienen una gran visibilidad hay escenarios de conflicto. Entre ellos se encuentran las denuncias del movimiento antinuclear de Zárate-Campana por las centrales Atucha, el conflicto por el funcionamiento de la terminal portuaria de regasificación de Escobar debido a la cercanía que existe entre las embarcaciones contratadas para abastecer de gas en los picos de demanda y los centros poblacionales localizados en las adyacencias. Por otro lado, amparados en el contexto de crisis energética de 2015, el gobierno de la Alianza Cambiemos aprobó la instalación de centrales termoeléctricas en los municipios de Luján y Pilar. Allí, las vecinas y vecinos objetan la proximidad de las plantas con las viviendas y otras instituciones sociales. Una de las centrales que se encontraba en el límite entre Pilar y Escobar fue desmantelada debido a un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Mientras, la central de Luján que operaba, sin habilitación municipal, de manera intermitente desde que José Aranguren era Ministro de Energía, obtuvo en 2022 la rezonificación que permite su funcionamiento aun cuando está ubicada en la proximidad de dos escuelas.
¿Qué desafíos a futuro hay en relación a lo energético en nuestro país?
Sin dudas una cuestión muy importante refiere a garantizar el derecho a la energía, pero esa es una arista del tema, es importante situar la complejidad de lo energético en el marco del debate en torno a los modelos de desarrollo. Muchos especialistas hablan de la necesidad de un cambio de matriz energética, Pablo Bertinat propone la noción de sistema energético para referir al entramado de relaciones que vinculan al sistema humano entre sí, con la naturaleza, en el marco de las relaciones de producción existentes. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza brinda un marco para pensar la cuestión energética desde un nuevo paradigma que abandone la lógica de dominación desde la que solemos abordar nuestra relación con lo que hemos denominado “recursos naturales”. Hay países donde esta discusión está más avanzada desde el punto de vista jurídico (en la región: Colombia, Bolivia, Ecuador) y otros, como es el caso argentino, donde no sólo ocupa un lugar secundario, sino que diversos sectores mantienen una retórica productivista que reivindica la matriz fósil.
Es decir, es necesario problematizar el entramado económico existente en torno al sector energético e incluir en la discusión los impactos ambientales que se producen en los territorios a partir de incorporar las voces de los pueblos originarios, las comunidades y poblaciones que padecen los diversos impactos – no solo ambientales – de la explotación de combustibles fósiles convencionales y no convencionales y de la extracción de minerales. Es preciso cuestionar los megaproyectos en manos de grandes corporaciones e impulsar la democratización de un sector energético que combine energía renovable distribuida, con electricidad y gas y desarrollar acciones tendientes a la eficiencia energética. El mayor desafío es promover una transición socioecológica basada en los principios de la justicia social, la justicia climática y la justicia energética.