23-07-2021
El Instituto del Conurbano presentó el cuarto y último informe “Escenarios, Actores y Lineamientos para la Acción” en el marco de la investigación “Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del conurbano bonaerense desde una perspectiva multidimensional”, dirigida por Rodrigo Carmona y realizada y financiada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Participan de la misma más de 30 investigadores/as del Instituto que en esta última etapa han organizado mesas multiactorales para debatir sobre los desafíos y transformaciones producidos por el escenario de la pandemia.
Las producciones presentan propuestas para la acción y el desarrollo de políticas públicas a partir de un diagnóstico final sobre los distintos impactos, estrategias de los actores e intervenciones desplegadas en los municipios del conurbano bonaerense para atender la emergencia sanitaria. Los ejes centrales que se abordaron son la conflictividad socioterritorial, la producción y trabajo y las capacidades estatales.
Acerca del primer eje el informe señala que la conflictividad, así como la intensidad de las formas en las que se expresó, creció entre el primero y el segundo cuatrimestre de la pandemia. Entre las demandas más importantes se mencionan: el suministro de los servicios públicos, el acceso a la vivienda, la seguridad pública, problemas socioambientales, abusos de las fuerzas de seguridad, la violencia de género y la asistencia alimentaria. De ese conjunto de problemáticas relevadas, se profundizó en la emergencia urbano habitacional y la violencia de género.
En materia de producción y trabajo, el estudio sostiene que la industria manufacturera logró recuperar espacio en la participación del empleo registrado total en los partidos del Gran Buenos Aires, fundamentalmente por una baja en el resto de los sectores, el aprovechamiento de capacidad instalada y menor impacto comparativo de las restricciones a la movilidad. El equipo de investigación señala que esa mejora del empleo industrial no solo es absoluta, sino que es mayor que la de actividades como la construcción, el comercio y los servicios. Por otra parte, el trabajo informal aparece como el segmento más castigado durante la primera etapa de la pandemia respecto al empleo registrado. Respecto a los salarios, el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos a causa del COVID y ASPO fue importante pero aún más significativo su deterioro entre 2018 y 2019 a causa de las sucesivas devaluaciones y crisis externas que repercutieron sobre el nivel de actividad.
En relación a la ESS y los procesos vinculados al abasto alimentario, se observó a partir de la segunda parte del 2020 un mayor dinamismo en el despliegue de políticas en los diferentes niveles de gobierno que buscaron dar respuesta a las demandas de las organizaciones.
Por último, en lo que refiere a las capacidades estatales, el informe advierte que el rol de los gobiernos locales fue clave en la contención de las problemáticas sociosanitarias y en la articulación de respuestas a la seguridad, en especial durante el ASPO. Los municipios tuvieron que adaptarse frente a la complejidad y diversidad de las labores que debieron desplegar principalmente en tres campos de intervención: desarrollo social, salud y seguridad. El análisis del gasto municipal por funciones evidencia que la asistencia alimentaria fue una prioridad en 2020, mostrando incrementos reales significativos de las erogaciones. En materia de salud, el gasto evidenció el rol de los municipios en el apoyo de las tareas de prevención, monitoreo y testeos de la población para contener la escala de los contagios. En relación a la atención primaria, el equipo de salud del ICO advierte las dificultades que enfrentó el primer nivel para propiciar intervenciones ‘extramuros’ más coordinadas y articuladas con los actores del territorio. No obstante, advierten el potencial que posee el primer nivel frente a otras estructuras sanitarias, tanto para garantizar la continuidad de la atención en el barrio como para desarrollar estrategias de atención integral. En materia de seguridad el equipo del ILSED analizan una serie de cuestiones preexistentes que se agudizaron en contexto de pandemia: la coordinación de las competencias de los tres niveles de gobierno que tienen injerencia en el territorio y la cuestión de las competencias delegadas a los municipios frente a los escasos recursos disponibles. Finalmente las recomendaciones se orientan al fortalecimiento institucional, al diseño y monitoreo de políticas basados en la información de calidad o a la intervención territorial, y la promoción de estrategias de prevención extra penal, multiactoral y multiagencial de las violencias.