09-06-2021
El 3 de junio se cumplieron 6 años de la primera movilización por la consigna “Ni Una Menos” y el viernes 4 de junio la UNGS lo conmemoró con una actividad masiva de “reflexión para la acción!”, a partir de la organización de la Mesa de trabajo intersectorial para el abordaje integral de las violencias por razones de Género en el Conurbano Bonaerense, convocada por el Instituto del Conurbano y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, en el marco del proyecto AGENCIA Prevención y monitoreo del COVID-19, el cual nuclea a más de 30 investigadores en diferentes ejes sobre las condiciones de vida y las políticas en la región conurbano bonaerense.
Fue una jornada de reflexión fuertemente convocante de la cual participaron más de 100 invitades, provenientes de instituciones estatales locales y provinciales, organizaciones sociales del territorio, referentes de las mesas locales contra las violencias, e incluso de algunas Comisarías de la mujer de los municipios aledaños a la Universidad.
Inauguraron el evento las autoridades del ICO y del ILSED. La decana del Instituto del Conurbano, Andrea Catenazzi, celebró el encuentro como un espacio de reflexión y creatividad para pensar políticas atendiendo a la diversidad de realidades del territorio, y para seguir construyendo una agenda feminista más densa en torno a géneros y justicia en la región. Tamara Peñalver, Directora Ejecutiva del ILSED, por su parte advirtió que el Instituto busca superar la mirada punitivista de la seguridad e instalar una nueva mirada que se enfoque en la prevención integral, así como en la implementación de políticas que produzcan impactos más eficaces en la reducción de las violencias. El ILSED viene articulando con el ICO y el Observatorio del Conurbano a través de diferentes proyectos y publicaciones. Peñalver señaló, en este sentido, que la criminalidad es un problema complejo y multifactorial de modo que para el diseño de políticas es clave la articulación con una multiplicidad de actores, entre ellos, la Universidad, en torno a la producción de conocimiento y de estadísticas.
La Mesa se dividió en cuatro talleres simultáneos estructurados en función de los nudos problemáticos que hacen la violencia de género y su vinculación con las infancias, las juventudes y la diversidad sexual:. 1- El “circuito” de acceso a derechos para mujeres, infancias y diversidades víctimas de violencias por razones de género; 2- Redes: Articulación intersectorial e interactoral en la atención y el acompañamiento a las víctimas de violencias por razones de género, las violencias hacia las infancias y las adolescencias; 3- El rol de las fuerzas de seguridad y el poder judicial en el abordaje de las violencias por razones de género; 4- La relación entre las políticas de cuidado, acompañamiento y prevención, y las políticas punitivas y de abordaje ante la consumación de hechos graves. A su vez, cada espacio de taller organizó el tiempo de reflexión en torno a 3 claves de lectura: 1) los problemas, 2) las buenas prácticas y 3) las propuestas y recomendaciones de políticas a futuro.
Estos materiales integrarán la última publicación que saldrá en julio-agosto en el marco del proyecto AGENCIA y que se enfocará en presentar propuestas de políticas. Cabe destacar que en la elaboración de registros y sistematización de reflexiones colaboraron 40 estudiantes de diferentes licenciaturas y profesorados de la UNGS que se encuentran cursando la Asignatura Perspectiva de Géneros, aportes y debates de la carrera de Política Social del ICO.
En torno a las problemáticas vinculadas a las fuerzas de seguridad y el poder judicial, les participantes indicaron que fue evidente cómo la pandemia agravó el ejercicio de las violencias contra mujeres y niñes en los hogares por el tiempo de exposición a convivencias con agresores. Al mismo tiempo, destacan que hubo innovaciones en la gestión local y en la conformación de redes para la atención de estas problemáticas. Se diseñaron dispositivos de comunicación como las líneas de denuncias o la incorporación de equipos telemáticos que agilizaron la comunicación dentro de la red de instituciones estatales que contienen en estas situaciones. Señala una referente del municipio de Moreno que el equipo telemático permitía la derivación automática desde el poder judicial al equipo municipal. De este modo se mejoró el acceso de las víctimas al sistema y se facilitaron los circuitos posteriores.
La transformación de los paradigmas patriarcales sigue siendo el gran desafío ¿El primer contacto abriga o expulsa? ¿Cómo reducir el carácter expulsivo del sistema, incluso condenatorio de las víctimas en muchos casos? ¿Cómo reordenar el laberinto institucional de una problemática compleja que requiere abordajes e intervenciones integrales, en red, reduciendo la fragmentación pero también evitando la superposición de competencias dentro del aparato estatal?
Les referentes advierten que resulta urgente desplegar acciones para romper los entramados institucionales que protegen a los violentos y reproducen las violencias en el poder judicial y las fuerzas de seguridad a partir de la formación continua en perspectiva de géneros, para mejorar la escucha de las mujeres víctimas cuando van a denunciar y para asegurar el seguimiento efectivo de los circuitos judiciales. Es necesario, señalan, reestructurar el órgano policial para fortalecer la toma de denuncias en todas las dependencias y no solo en las comisarías de mujer y familia.
En la misma línea, el abordaje de las masculinidades exige pensar sobre cómo mejorar los dispositivos de trabajo con varones con conductas violentas. Las violencias en las fuerzas de seguridad, la tenencia de armas en las viviendas, la violencia en las comisarías constituyen diferentes dimensiones de las problemáticas a abordar. Las tobilleras y los nuevos dispositivos tecnológicos de gestión constituyen una innovación pero deben articularse con redes territoriales y comunitarias, con entramados sociales densos y comprometidos con la erradicación de la violencia por razones de género. En este punto la formación y la sensibilización resultan centrales para adecuar y transformar tanto las prácticas como las concepciones fuertemente arraigadas en la cultura. Incluso, señalan referentes del interior en esta misma línea cómo en los pueblos, hay “varones intocables”, amparados por los mecanismos territoriales de protección de los violentos, evidenciando la supremacía de los intereses económicos y políticos por encima de los derechos de género.
Por otro lado, las organizaciones de mujeres y diversidad sexual que trabajan cotidianamente en el acompañamiento de situaciones y que muchas veces son quienes realizan la “primera escucha” plantearon la necesidad de ser reconocidas por el Estado como agentes legítimos para el abordaje de este tipo de violencias.
El último informe del ICO y el libro “Conurbano bonaerense en pandemia” realizado por investigadoras/es del ICO e ILSED, analiza las condiciones de vida de las mujeres y las políticas de género. Los resultados de la investigación revelan cifras alarmantes. En 2020 se produjeron 94 femicidios en la provincia de Buenos Aires, el 86% de los eventos ocurrió en la vivienda de las víctimas y el 14,8% ya había realizado denuncias penales contra el femicida. En la misma línea el Observatorio del Conurbano publicaba que durante el 2020 hubo 22 trasvesticidios a partir de datos recopilados por el Observatorio Lucía Pérez. En ambos informes se releva que la pandemia agravó la situación de las mujeres durante los meses de confinamiento dispuesto por el COVID-19, debido a que se incrementó su exposición frente a los agresores que generalmente son parejas de las víctimas.
Finalmente, las intervenciones públicas para reducir la violencia, coinciden en la Mesa, deben apoyarse tanto, en el amplio abanico normativo-, la Ley Micaela, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Salud sexual y Procreación Responsable, la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, la Ley de Identidad de Género – así como en los diferentes dispositivos institucionales tal como la Red Universitaria de Género (RUGE) y en las redes y organizaciones de base territorial, los activismos locales de matriz feministas u otros que son quienes actuán de manera sistemática asistiendo y tensando la agenda para garantizar que los derechos se cumplan.