Ruth Muñoz. Coordinadora académica de la Maestría en Economía Social. Investigadora y Profesora del Instituto del Conurbano (UNGS). Directora del equipo de investigación-acción ENTRAMAR.
Anabella Zamora. Investigadora y docente del Instituto del Conurbano (UNGS). Integrante del equipo de investigación-acción ENTRAMAR.
La celebración del Día Internacional del Cooperativismo, nos lleva a mirar analíticamente la potencia de este movimiento social y económico desde su reconocimiento por parte de los organismos y las políticas del nivel local. Da cuenta de ello que en dos períodos de gestión consecutivos, hay un crecimiento y jerarquización de los organismos estatales del nivel local que acompañan a estos sujetos y sus prácticas, a contracara de lo que ocurre desde el Gobierno nacional, que reduce y desprecia al Estado en su función intrínseca de garantizar derechos.
El análisis de las políticas públicas en los municipios del Conurbano refleja que las economías que se denominan como “economía popular”, “economía social”, “economía solidaria” (y distintas combinaciones de esos adjetivos), centradas en la reproducción de la vida y no la del capital y que recurren a las cooperativas como una de sus principales formas organizativas, vienen consolidándose en relación con el período de gestión anterior.
En 2016-2019 identificábamos 14 municipios con 121 políticas para el sector, de los cuales 12 lo hacían a partir de 15 organismos específicos, con la excepción de Berazategui y La Matanza que trabajaban a partir de dependencias no específicas. Se trataba de organismos jóvenes (no más de 7 años) en relación con la burocracia estatal local, habiendo sido las primeras dependencias creadas en Moreno, en el seno del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) en 2004. Entre las denominaciones, predominaba la de “economía social” y 3 organismos hacían referencia explícita a las cooperativas: la Dirección de Cooperativas y Empresas Sociales de San Martín, la Jefatura de Programa Gestión de Cooperativas y Mutuales del IMDEL y la Dirección General de Economía Social y Acción Cooperativa de Quilmes. Es interesante notar la existencia de distintos niveles de jerarquía entre los municipios: 2 organismos con rango de secretarías (Hurlingham y Moreno), 3 subsecretarías (Alte. Brown, Florencio Varela, San Martín), 4 direcciones generales (2 en Avellaneda, 1 en San Martín y 1 en Quilmes) y 6 direcciones (San Martín, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, San Miguel y Tigre). A su vez, se observó la inscripción en varios campos de intervención, siendo mayoritarias las áreas en Trabajo/Empleo, Producción, Desarrollo Social/Humano y de Desarrollo Económico.
Si bien aún no hemos finalizado el trabajo de campo para el período 2020-2023, los resultados preliminares de nuestro trabajo marcan una tendencia de crecimiento y fortalecimiento. Los 14 municipios identificados en el período 2016-2029 mantuvieron o complejizaron su accionar, a los que se suman 5 nuevos municipios totalizando 19 casos en el Conurbano Bonaerense. Se incorporaron Esteban Echeverría, José C. Paz, Merlo, Tres de Febrero, y el municipio de Morón que recuperó y aggiornó los organismos y políticas desplegados durante los gobiernos anteriores de Nuevo Encuentro (y que durante la gestión de Cambiemos habían sido desmantelados).
Parte de este proceso se refleja en la creación de nuevos organismos específicos, quedando sólo Berazategui con políticas sin organismo propio. En cuanto a las denominaciones de los mismos, sigue captando mayor adhesión la categoría de “economía social”, y surge la de “economía popular” junto con la combinación “social y popular”, seguida con menos recurrencia por “social y solidaria” y “social, solidaria y popular”. A la vez, es importante mencionar el surgimiento de varios organismos de máximo rango que refieren a las cooperativas. A los ya mencionados casos de San Martín, Moreno y Quilmes del período anterior, se suman la Secretaría de Economía Social y Cooperativismo de José C. Paz y la Dirección General de Fomento al Cooperativismo y Economía Popular de Malvinas Argentinas.
También se observa un aumento en los rangos de los organismos: de 2 secretarías pasan a 5 (a las de Hurlingham y Moreno del período anterior, se suman José C. Paz, La Matanza y Morón), de 3 subsecretarías aumentan a 7 (a Alte. Brown, Florencio Varela y San Martín se suman Avellaneda, Merlo, Quilmes y Tigre), siendo en menor medida direcciones generales (Malvinas Argentinas y San Miguel) o direcciones (Esteban Echeverría, Ituzaingó, Lomas de Zamora y Tres de Febrero). Estas últimas eran las que predominaban en el período anterior, mientras que entre 2020-2023 el rango con mayor recurrencia son las subsecretarías. De todos modos, hace falta profundizar el análisis de esta novedosa institucionalidad ya que se han podido captar diferencias entre la estructura formal y la real, con secretarías que recuperan la denominación pero, a nivel específico, se siguen remitiendo a los organismos de menor rango que reportan a ésta, junto con escasa o inexistente articulación entre los organismos y un nivel de recursos no necesariamente acorde con el rango de las Secretarías o subsecretarías, sino más bien contextos de escasez que impiden intervenciones de mayor alcance y profundidad.
Por otro lado, el sector crece en transversalidad a través de los campos de intervención en los que se inscriben en los respectivos organigramas. Además de los casos que posicionan explícitamente a estas economías (José C. Paz con la creación de la Secretaría de Economía Social y Cooperativismo y La Matanza a través de la Secretaría de Economía Social y Solidaria), se refuerza el lugar ya identificado en el período anterior de la mano de las carteras de trabajo/empleo, producción, industria y economía/desarrollo económico, a las que se suman en el último período las áreas de hábitat, obras y/o servicios públicos y ambiente/desarrollo sostenible.
Por último, es interesante notar que en los municipios donde ya hemos finalizado el relevamiento en relación con las políticas del nivel local, las cooperativas (en particular de trabajo) emergen con mayor fuerza como destinatarias, con instrumentos adecuados a sus necesidades, y una movilización de recursos tanto del nivel municipal como del provincial y nacional. Han sido claves en este sentido, las innovadoras políticas desarrolladas desde 2020 por la Provincia de Buenos Aires, en particular, desde la Dirección Provincial de Acción Cooperativa (DIPAC), actualmente jerarquizada en Instituto, junto con las del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del nivel nacional.
En un contexto de empeoramiento de las condiciones socioeconómicas a nivel nacional, las cooperativas vuelven a recordarnos su papel fundamental en los territorios: estar al servicio de las necesidades allí donde el mercado no llega. Junto con los Estados locales que implementan políticas específicas desde los organismos aquí presentados, las cooperativas pueden desplegar su potencial, aliviar la crisis actual y recobrar un rol social y económico en conjunto con las demás prácticas de las economías de los pueblos.