El Observatorio del Conurbano Bonaerense habló con Carlos Martínez, investigador del ICO y especialista en coparticipación. Nos contó que cambios implica para la Provincia de Buenos Aires y CABA el decreto del presidente que modificó la coparticipación federal. Además, se refirió a cómo puede alcanzar a los municipios bonaerenses y específicamente a los del Conurbano Bonaerense esta medida que “no es una solución a largo plazo, en tanto la participación de la provincia de Buenos Aires en la distribución secundaria de la Coparticipación Federal de Impuestos continúa siendo cerca de la mitad de su peso en la población total del país y en la población nacional con necesidades básicas insatisfechas”.

Entrevistado: Carlos Martínez, Investigador ICO (UNGS)

Carlos Martinez

¿Qué impacto fiscal puede tener dentro del sistema de coparticipación federal un punto menos para CABA y uno más para la Provincia de Buenos Aires?

Hasta ahora, de la masa de recursos coparticipables, la nación se quedaba con un 39,14%, la provincia de Buenos Aires con un 12,46%, la Ciudad de Buenos Aires con un 3,50% y las demás provincias en su conjunto con un 44,90%.

Con el cambio que se acaba de implementar, la parte bonaerense pasa del 12,46% al 13,64%, mientras que lo que corresponde a la ciudad baja del 3,50% al 2,32%, a la vez que las participaciones en el total de las otras 22 provincias y de la nación no cambian.

¿Como puede afectar esta medida a CABA?

Las proyecciones disponibles informan un estimado del orden de los $35.000 millones de pesos por este cambio, que representa cerca de un 6,9% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y un 2,4% del bonaerense.

¿Cuánto más representa para los municipios de Buenos Aires?

Depende del criterio que adopte el gobierno provincial, si considera a estos recursos como parte de la Coparticipación Federal de Impuestos que recibe de la nación, entonces un 16,14% correspondería a los municipios. Si se estima el monto total que recibiría la provincia en $35.000, entonces, unos $5.649 millones corresponderían a los municipios bonaerenses.

De no considerarse los $35.000 como parte de la coparticipación, entonces depende del gobierno provincial decidir repartir o no parte de esos recursos a los municipios, así como determinar cuánto repartir, con qué criterios y si se les va a dar a todos los municipios, si va a ser un reparto discrecional o automático y si van a ser recursos con afectación específica (por ejemplo, a seguridad) o de libre disponibilidad (de considerarse coparticipación serían, sí o sí, de libre disponibilidad).

¿Y en esta coparticipación provincial el Conurbano como quedaría parado?

De obtener la provincia de Buenos Aires $35.000 millones por el cambio normativo recientemente establecido, y de distribuir un 16,14% de dicho monto ($5.649 millones) entre sus 135 municipios aplicando el Coeficiente Único de Distribución propio de la Coparticipación Provincial, correspondería a los 24 municipios del Conurbano $2.662 millones.

¿Este punto extra que ahora tiene la PBA puede verse como una solución en el largo plazo?

No, si bien puede contribuir a resolver alguna cuestión puntual, como la recomposición de los salarios policiales, no es una solución a largo plazo, en tanto la participación de la provincia de Buenos Aires en la distribución secundaria de la Coparticipación Federal de Impuestos continúa siendo cerca de la mitad de su peso en la población total del país y en la población nacional con necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, a mitad de la década de 1970 (Decreto-Ley Nº 20.221 de 1973) la provincia de Buenos Aires obtenía un 13,82% de la masa coparticipable, mientras que, en 2020, luego de la flamante reforma, ese porcentaje es de 13,64%, es decir que todavía no ha recuperado su nivel de hace 50 años. En ese período, el peso de la provincia de Buenos Aires en la población nacional ha crecido levemente (pasando de un 37,6% en 1970 a un 38,7% en 2020) mientras que la importancia demográfica del territorio porteño ha caído estrepitosamente (en él habitaba en 1970 el 12,7% de la población nacional, cifra que en 2020 es de sólo el 6,8%).

¿Cuál es el telón de fondo en materia de recursos para la seguridad? ¿Se puede decir que hay una tensión entre el financiamiento de la policía de la ciudad y el de la policía bonaerense?

El peso del gasto en seguridad en el presupuesto bonaerense ha sido creciente en la última década, pasando de representar, del total del gasto no previsional de la administración general de la provincia de Buenos Aires, un 8%-10% en 2003 – 2013 a un 11%-12% en 2014 – 2015, llegando a un pico de 15% – 16% en 2016 – 2017 y retrocediendo a un 14% en 2018 – 2019. Este proceso se vio acompañado de un enorme crecimiento de la cantidad de efectivos policiales (que se aceleró en 2014 – 2017 con la creación de las policías locales) cuyo número se duplicó de 2006 a 2016, estabilizándose desde entonces. La caída en la importancia relativa del gasto en seguridad en 2018 – 2019 se relaciona entonces con la caída, en términos reales, del salario policial.

A priori, esa tensión no existe, en tanto los recursos que se otorgaron a la Ciudad en 2016, cuando pasó su participación en los recursos coparticipables de un 1,40% a un 3,75%, excedió largamente el costo del traspaso, hacia el gobierno de la Ciudad, del grueso de la Policía Federal Argentina (que se fusionó con la Policía Metropolitana para conformar la Policía de la Ciudad), motivo por el que el haber reducido, ahora, esa participación, a 2,32% (desde el 3,50% al que, en 2018, la redujo el gobierno anterior) no compromete el sostenimiento de la función policial en el territorio porteño. A su vez, ese aumento en la coparticipación de la Ciudad, de 2016, no fue a costa del financiamiento del gasto público bonaerense, en tanto salió de la parte de la coparticipación que la nación reservaba para sí. El hecho de que ahora, una parte de esos recursos (equivalentes a un 1,18% de la masa coparticipable) se vuelquen al gobierno de la provincia de Buenos Aires y que, presumiblemente, el grueso de ese dinero vaya a la función seguridad, no implicaría, entonces, más dinero para la Policía Bonaerense a costa de menos dinero para la Policía Porteña, sino más dinero para la Seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en tanto es presumiblemente, que el ajuste en los gastos porteños no se dé en seguridad, sino en otras partidas presupuestarias, tales como las de la obra pública.