Javier Moro es Licenciado en Antropología-UBA. Master en Gobierno y Asuntos Públicos, FLACSO-México; Candidato a Doctor de la UBA en la Facultad de Ciencias Sociales. En la gestión pública desempeñó funciones de asesoramiento y de coordinación en áreas sociales. Ha sido consultor de organismos regionales: IPE/UNESCO; IPPDH/ Mercosur; IIN/OEA; UNICEF-Argentina y del BID donde fue profesor para el Programa Nacional en Guatemala del Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES/BID). Ha realizado publicaciones en: políticas públicas y sociales, ciudadanía, género, interculturalidad, derechos humanos, gestión de políticas de salud, infancia y juventud. Compilador del libro “Juventudes, violencia y exclusión. Desafíos para las políticas públicas”.
Actualmente, es profesor en la Maestría de Derechos Humanos de la UNLA e investigador docente adjunto regular de la Universidad Nacional de General Sarmiento
En esta entrevista, Javier Moro analiza los cambios institucionales producidos por la sanción de la Ley provincial de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, focalizando en particular en los avances y limitaciones a nivel de la gestión municipal en el Conurbano Bonaerense. Esta nueva legislación “implica un cambio de lógica que va más allá de la desjudicialización. Pero en este plano el balance es abierto, disímil y heterogéneo”, puesto que las acciones implementadas por los municipios son todavía muy diferentes, señala el entrevistado.
Por Carolina Foglia y Martín de Paula [1]
Entrevista a Javier Moro
El cambio de normativa como contexto
¿Cómo se puede caracterizar el proceso que antecedió la adopción de las actuales políticas públicas de niñez y adolescencia en nuestro país?
El punto de partida a considerar es el contexto, largo en el tiempo, de reforma legislativa que se encuadra en un proceso que promovió cambios en la orientación de las políticas de protección y restitución de derechos y, en el surgimiento de una perspectiva amplia en la concepción sobre la niñez, que cuestiona las políticas que se venían implementando hasta el momento. Las mismas se sustentaban en un enfoque tutelarista, que funcionaba entre la benevolencia y la punición para cierto sector de la infancia, tutela ejercida desde el Estado con un nivel de discrecionalidad muy alto desde el poder judicial. Este modelo, que imperó prácticamente en todos los países de América Latina durante casi todo el S. XX., comenzó -entre otros causales- cuando el Estado se hizo cargo de una infancia que quedaba por fuera del alcance de la educación escolar básica universal. En otros casos, el propio Estado cuestionaba o interpelaba el ejercicio de la patria potestad de los padres, cuestionamiento focalizado en un determinado ejercicio de esa patria potestad en los sectores populares con una mirada que sospechaba de esos sectores, particularmente de la incorporación rápida de los niños tanto a actividades de los adultos como el trabajo, el ejercicio de actividades ilegales o el activismo político. [ Ver entrevista completa en el PDF adjunto ]
[1] Investigadores y colaboradores del Observatorio del Conurbano